Educación socioambiental y lenguajes de valoración del territorio y sus recursos: herramientas y estrategias interdisciplinarias p/el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en materia de conflictos ambientales, saberes ecológico-com

Abstract

Una de las funciones sustantivas de la UNAM es la educación, la cual debe asumir ante la crisis económica y ambiental contemporánea una perspectiva de desarrollo sustentable, protección del medio ambiente, conservación del equilibrio ecológico y justicia social. La educación ambiental supone la inclusión de contenidos ecológicos tendientes a la promoción de conocimientos, valores y competencias en el ámbito de la gestión ambiental y el cuidado de los entornos vitales, así como al fortalecimiento de la conciencia ecológica basada en el respeto de la naturaleza y la diversidad cultural.

A pesar de que en general las instituciones educativas han introducido temas de contenido ambiental en los programas de enseñanza, incluso carreras o posgrados especializados en ciencias ambientales o economía ambiental y ecología política, a la vez que progresivamente se ha insistido más y más en el fortalecimiento de una cultura ambiental de participación corresponsable que permita en la población el desarrollo de conocimientos, hábitos de conducta y actitudes orientadas a favorecer las transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo sustentable, así como la conservación y restauración de los recursos naturales, la educación ambiental no se ha desarrollo en ámbitos estratégicos para la sociedad mexicana actual: el diagnóstico, la gestión y la resolución de conflictos socioambientales, la reproducción de los saberes ecológico-comunitarios y la promoción y difusión de alternativas populares de desarrollo sustentable; asimismo, tampoco se ha introducido en los debates en torno a los escenarios, las políticas y las alternativas frente a la crisis climática, la crisis del manejo y gestión de los recursos hídricos, la crisis de la salud asociada a la transformación, pérdida o contaminación química o tóxica de los ecosistemas, entre otras. Además, dado el incremento constante de problemas, afectaciones y conflictos ambientales registrados en el país, los recursos docentes y didácticos actuales son insuficientes para asir, explicar y contribuir propositivamente en la gestión integral de la situación social resultante, pues entre otros elementos no se aprovecha ni potencializa el conocimiento tradicional o popular y las iniciativas ciudadanas o sociales que las poblaciones afectadas generan ante la necesidad de responder a la disputa que padecen respecto de sus territorios y riquezas naturales.

Con el propósito de garantizar una mejor integración entre el quehacer universitario y las necesidades sociales en materia medioambiental, el trabajo con poblaciones afectadas o en riesgo de afectación ambiental y el despliegue de capacidades comunitarias autogestivas e institucionales requieren de un adecuado reconocimiento, sensibilización, comprensión y formación (académica y popular) en los ámbitos mencionados y hoy todavía parcialmente descuidados de la educación ambiental en México.

En el país se vive una devastación ambiental sin precedente, producto no sólo de una herencia de extracciones mineras o energéticas, deforestaciones, aprovechamientos hidráulicos, explotaciones de flora y fauna o actividades industriales realizadas en siglos anteriores, sino también resultado de poco más de 30 años ininterrumpidos de política económica neoliberal. Aunque el Estado ha simulado actuar con base en las mejores prácticas ambientales y fomentar el desarrollo sustentable, en realidad ha transformado en ficción el derecho humano a un medio ambiente sano al promover la consolidación de un modelo de desarrollo que per se genera conflictos socioambientales y víctimas de todo tipo.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales logró documentar entre 2012 y 2014 ante el Tribunal Permanente de los Pueblos 150 conflictos socioambientales, 8 acusaciones temáticas, 4 regionales, 1 acusación introductoria basada en la "destrucción del sistema hídrico nacional" y 51 testimonios. Si se toma como referencia la población de los municipios en los que se producen las afectaciones, las denuncias presentadas en las pre-audiencias y la audiencia complementaria sobre devastación ambiental comprendieron afectaciones socio-ambientales en 433 municipios de 21 entidades federativas del país, municipios en los que habitan poco más de 40 millones de personas, esto es, una tercera parte de la población de México.

Éste ha sido el mayor esfuerzo colectivo ciudadano de documentación de violaciones de derechos ambientales, sistematización de casos y patrones de vulneración, desarrollo argumental interdisciplinario, acopio de elementos probatorios, promoción de la cultura jurídica popular y demostración de la catástrofe socioambiental, que se haya realizado en el país.